Fernando Gutierrez/iProfesional.-El Gobierno debe "bancar" a un millón de nuevos empleados públicos, sufre por la falta de energía, los problemas de infraestructura, caída de inversiones y reclamos crecientes. Trata de mantener el consumo, pero el dinero escasea. El problema de querer acelerar a fondo con el tanque de reserva. "En el largo plazo, todos estaremos muertos". El pobre John Maynard Keynes nunca imaginó que ésta, su frase más popularizada, sería tan malinterpretada durante años y utilizada como excusa intelectual por tantos gobiernos.
En la Argentina, concretamente, ha alcanzado alturas insospechadas la pasión por el corto plazo y el "desprecio" por lo que ocurrirá en un futuro distante. Con el argumento de que la solución a los problemas urgentes no debe ser eclipsada por planes de largo plazo, se han justificado una gran cantidad de medidas. Adueñarse de los fondos jubilatorios, el congelamiento de tarifas de servicios públicos, la drástica reducción del stock vacuno o la postergación de obras de infraestructura son algunas de ellas. Y, como contrapartida, se dio rienda suelta a la priorización del consumo por sobre el ahorro y la inversión. Algunos también definen a esta política como "populismo". Que, justo es decirlo, no es un invento de la era kirchnerista, sino que está enraizado en la cultura argentina. Pero sí es cierto que en estos tiempos se lo está aplicando con un entusiasmo pocas veces visto. A modo de ejemplo, esta frase del diputado Roberto Feletti (cuyo nombre suena como eventual titular del Banco Central) es bien expresiva: "El Gobierno, entre ajustar el consumo o priorizar el ahorro, decidió priorizar lo primero. Por eso, optó por restringir los dólares. Dijimos: 'vuelquen el ahorro a pesos o a consumir'". Con esta consigna de maximizar el ritmo de compras -en detrimento de otras alternativas hacia dónde canalizar el dinero- no es de extrañar que la tasa de inversión haya caído en apenas un año desde un 25% a un 18% del PBI. El inconveniente de esta filosofía de vida es que el "largo plazo", inexorablemente llega y se transforma en presente. La forma de comprobarlo puede ser desagradable, hasta extremos trágicos: accidentes ferroviarios -que denotan el pésimo estado de la infraestructura de un servicio usado por millones de personas- o las inundaciones "sorpresivas", que habían sido previstas en un informe de hace seis años realizado por la Universidad de La Plata. A veces, ese "largo plazo" llega muy rápido, como pasó con el tema de la carne. El economista Miguel Bein recuerda: "El congelamiento del precio en 2007 generó una caída en el stock ganadero que posteriormente pagamos todos los argentinos". Agrega que a partir de 2010, "los precios no sólo se duplicaron sino que, además, hoy se ubican incluso por encima de los valores internacionales". Otras veces, la factura demora un poquito más de tiempo en llegar. Es el caso de la pérdida de autoabastecimiento energético, que recién en 2011 salió a luz tras una década de tarifas distorsionadas e inversiones insuficientes. Otras pueden demorar más años, como suele ocurrir con la crisis del sistema jubilatorio, aunque ya se están haciendo visibles sus efectos. Hoy día, al "poco tiempo" de haberse estatizado, se registran cerca de 90.000 juicios por año. Y todo indica que la cifra irá en aumento. También, dentro de los ítems que golpearán la puerta más adelante, se enmarcan los colapsos de la infraestructura vial o hídrica. El problema, en todos los casos mencionados, es que irremediablemente el largo plazo siempre llega. La inversión como variable de ajuste Las aguas bajaron, pero el problema de infraestructura sigue. Y es una "bomba" de tiempo latente que tardará años en desactivarse, si es que alguna vez esto sucede. En los días posteriores al temporal, la idea que más ha lastimado la conciencia nacional es el convencimiento de que la cuestión de fondo no es solamente la falta de dinero. Más bien, queda una sensación de sufrimiento autoinflingido, consecuencia de lo poco "redituable" en términos políticos que resulta la planificación. El economista Carlos Melconian define esta situación como la de "una corrida contra la inversión", para diferenciarla de otros momentos históricos en los que la crisis emergía bajo la forma de corridas bancarias. "Ha colapsado el Estado. O mejor dicho, ha fracasado el modelo de sensación de Estado, porque ha habido un Estado molesto, invasivo, emparchador, asfixiante, aparentemente con organismos de control", añadió. Su colega Federico Muñoz lo expresa con números. Según su estimación, el gasto público -sumando el de nación y provincias- ahora se lleva el 42% del PBI, cuando en los ´90 representaba apenas el 25 por ciento. Y, si se lo mide en dólares constantes, los u$s210.000 millones del año pasado duplican lo que se erogaba en aquél entonces. Pese a semejante repunte, éste no se refleja en una mejora de la infraestructura. "Se han privilegiado aquellas erogaciones más redituables en términos electorales, postergando las menos convenientes desde el punto de vista político", agrega Muñoz. Por su parte, el economista Enrique Szewach pone el foco no en la falta de recursos, sino en la deficiencia de la gestión. "Aun en un contexto cortoplacista de aliento al consumo privado y al gasto público populista por sobre la inversión, bien pudieron armarse sistemas que atendieran las emergencias de manera más eficiente", argumenta. Cuestión de prioridades Ante esta situación, la pregunta que surge de manera inevitable es en qué se gastó el dinero que el Estado recaudó gracias a una década de viento de cola y crecimiento a tasas chinas. Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal resulta elocuente al respecto: En la era kirchnerista, el gasto público aumentó en 15 puntos porcentuales del PBI. Un 30% de ese aumento se lo llevó el pago de sueldos a empleados públicos. Un 24% el pago de jubilaciones. Un 23% los subsidios al sector privado. Recién en cuarto lugar, aparece la infraestructura, con un 10%. Los analistas destacan que el elevado porcentaje de gasto público destinado a pagar salarios de empleados estatales está desnudando un problema oculto del "modelo K": a pesar del alto crecimiento, la economía dejó de generar empleo en forma genuina. En otras palabras, que las "tasas chinas" se montaron más sobre la exacerbación del consumo que sobre la inversión, y eso se pagó con pérdida de productividad. Es por eso que los analistas suelen cuestionar el concepto de "pleno empleo" que maneja el Gobierno, ya que la informalidad se estabilizó en un 35% de la fuerza laboral y se aprecia un fuerte incremento en el desempleo juvenil (un 23% en el conurbano bonaerense). Pero, sobre todo, remarcan que el "logro" del kirchnerismo en el plano laboral se basó en otro clásico del populismo: el empleo público. Se estima que en su período se han creado más de un millón de puestos de trabajo en la órbita estatal. Esto implica un fuerte estrés en las finanzas, tal como se está viendo en estos días, con cajas provinciales exhaustas. Es que los sueldos implican el 50% del gasto público. Y, además, echa más leña a la inflación: por cada punto de aumento que se debe otorgar para el pago de los salarios estatales provinciales, se agregan $1.700 millones al déficit fiscal, según estima Economía & Regiones. La consultora hace un pronóstico sombrío: "Una reducción de la tasa de desempleo basada en empleo estatal no es sustentable en el tiempo. Y si, por el contrario, no se generan las condiciones para que el sector privado invierta y genere nuevos puestos, el desempleo inexorablemente aumentará". Sí, otra vez el "molesto" largo plazo amenaza con hacerse presente, poniendo en serios riesgos uno de los principales "logros" del modelo. ¿Cómo sostener un modelo populista ahora sin plata? La sensación de que el populismo está "pasando facturas" se manifiesta cotidianamente en diversas formas. Aparte de lo que se vio en la inundación, se exacerban otros problemas que ya se venían incubando, como la pérdida de autoabastecimiento energético. Irónicamente, esto ocurre incluso cuando el país sigue beneficiándose con cierto "viento de cola". Al respecto, un informe de la Fundación Mediterránea indica que el país gasta un 42% de los "sojadólares" en importar combustible, más que el doble de lo que representaba hace tres años (y a pesar de que cada vez se requiera de menos toneladas de soja para comprar un barril de petróleo). A juzgar por las medidas de los últimos días, como el congelamiento de los precios -que disminuye la rentabilidad de las petroleras, obligadas a importar a valor internacional- todo indica que el Gobierno tiende a aplicar "más de lo mismo". Lo cierto es que, con menos dinero en caja y con problemas que ya no se pueden disimular, el "modelo" está soportando una presión como nunca desde su aplicación. Los analistas se preguntan cuánto tiempo será sostenible un esquema que no sólo se quedó sin plata sino que, además, ni siquiera se condice con "el relato". Al respecto, son elocuentes estos datos que demuestran la peor paradoja populista: Del monto que el Estado destina a subsidiar el sistema eléctrico, casi un 43% va al quinto estrato más rico de la población, mientras que el quinto más pobre apenas recibe 6,4%, según una estimación de Jorge Gaggero, economista del Plan Fénix. El presupuesto conjunto de los tres programas nacionales para obras hídricas destinadas a evitar inundaciones equivale a tan sólo el 10% del dinero destinado a Aerolíneas Argentinas, según estima la Fundación Idesa. El Estado subsidia a Aysa ($5.490 millones anuales), parte de lo cual a su vez subsidia a la clase media y alta de Buenos Aires, que en un 90% mantiene la tarifa congelada. Mientras, en el conurbano un 33% de la población no tiene agua de red, también según datos de Idesa. El "cepo cambiario" y la disparada del dólar blue imposibilita que pueda volcarse al mercado dinero ahorrado que los argentinos mantienen fuera del sistema, y que según el economista Juan Llach asciende a u$s130.000 millones. Está claro que revertir semejante esquema de subsidios e intervenciones, y justo en pleno año electoral, es casi tan arriesgado como desactivar una bomba. No da la sensación de que el Gobierno esté dispuesto a desandar ese camino. El debate entre los economistas, por estas horas, reside en si el Ejecutivo aceptará alguna de las sugerencias correctivas, como por ejemplo intentar amigarse con el mundo y tomar crédito externo -tal como hizo hasta el propio Evo Morales- para así aprovechar el momento de tasas de interés inéditamente bajas. Por lo pronto, la mayoría cree que, por lo menos hasta las elecciones, sólo puede esperarse más intervencionismo, más congelamiento de precios y más emisión monetaria. Esto último, como intento para reactivar un poco el consumo. Es decir, un populismo a marcha forzada y sin su ingrediente indispensable: la caja. Casi como un auto que acelera con el tanque en reserva.
